La radical agresión sexual que sacudió en un primer momento a Europa y los Estados Unidos, asola también desde hace mucho tiempo a los países latinoamericanos. La disolución de la familia se ha convertido para los enemigos de la civilización cristiana en un objetivo primordial. ¿Quién resistirá a esta implacable embestida?

Alfredo Mac Hale

Manifestación a favor del “matrimonio” homosexual en el centro de Madrid. Actos como éste son cada vez más comunes en las calles de los países occidentales.

Hace poco más de 20 años que la tiranía soviética se desmoronó en todo el este europeo, a pesar de las atroces medidas represivas ejercidas contra la población, víctima de la miseria irremediable resultante del colectivismo, del estatismo y de la inercia generalizada.

A partir de entonces, fracasados en el campo político, los fautores de la descristianización del mundo transformaron la revolución sexual y la consecuente destrucción de la familia en la vía preferencial para corromper, conquistar y demoler Occidente, seguros de que el resto de la humanidad no pondrá muchos obstáculos para seguir el mismo camino.

El caso español, paradigma de cómo se pervierte un país

La revolución sexual alcanzó un importante avance con la imposición, hecha por el actual gobierno socialista español, del pseudo-matrimonio homosexual y del “divorcio express” —o sea la disolución del matrimonio en un proceso sumario, en el que basta la voluntad de uno de los cónyuges—, despreciando las censuras de Juan Pablo II, que advirtió sobre la persecución religiosa que así se preparaba. Más aún, el gobierno español resolvió no sólo afrontar al fallecido Pontífice y a sus portavoces, sino amenazar a la Iglesia y a la opinión católica española con ataques odiosos, en detrimento de la moral y de la vida religiosa.

Tanto odio a la Iglesia no se veía en España desde fines de los años 30, en el auge de la guerra civil. La respuesta indignada de la opinión católica a esa prepotencia sectaria del gobierno de Zapatero se dio a través de colosales manifestaciones en las calles. Al mismo tiempo, la Santa Sede mantuvo una actitud severa, movilizando a diversos cardenales romanos en defensa de la familia y haciendo sentir que no cederá ante tales amenazas.

Contrariamente a lo que se debería esperar, la Conferencia Episcopal española se mostró muy tímida, eligiendo entonces como su presidente al obispo más condescendiente con el gobierno socialista, intentando sustraerse en cuanto posible a la polémica en curso. La mayoría de los prelados españoles parecía esperar que se evitase así el conflicto, pero, como es frecuente en estos casos, lo más probable es que apenas lo postergue… y también lo agrave, pues éste es el fruto habitual de la pusilanimidad ante el mal.

Es sin embargo indiscutible el peligro de que una nueva persecución religiosa estalle en España, porque la simple existencia de sectores que no se dejan convencer ni arrastrar por la inmoralidad creciente puede mover a tal a los socialistas en el Poder.

A ello se suman panoramas también sombríos en otras naciones de la Unión Europea, en las cuales políticos laicistas y sectarios —muchos de los cuales hace dos décadas eran marxistas declarados, y hoy no se animan a manifestarse como tales— muestran de nuevo sus garras de modo cada vez más agresivo e incontenible, al mismo tiempo que, con frecuencia, ven con simpatía al islamismo amenazador.

Se añade aún el hecho que hay, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, sectores de mucho peso en las respectivas poblaciones, con numerosos y poderosos representantes en el mundo político, que también demuestran extremo liberalismo en materia de costumbres. Así, el pseudo matrimonio homosexual fue aprobado en Canadá, mientras sectores de la izquierda se esfuerzan por introducirlo a nivel nacional en los Estados Unidos, a pesar de la vigorosa reacción moralizadora de gran parte de la opinión pública del país.

¿Qué camino adoptará América Latina?

	Aborto y lucha de clases, marchan juntos en Caracas.

En ese contexto, ¿cuál es el panorama en América Latina? Muchas naciones de esta región son gobernadas por la izquierda, que se presenta en algunos países cautelosa en cuanto a la forma, pero con profunda virulencia de fondo.

En el Brasil, el gobierno del ex presidente Lula, presentó una moción en la ONU para incluir la “opción sexual” entre los llamados “derechos humanos” protegidos por aquel organismo. Eso constituía un grave elemento de presión sobre las demás naciones para que aceptasen como normal la homosexualidad, inclusive el “matrimonio” entre personas del mismo sexo. En esa ocasión, por influencia del Vaticano y de algunos países musulmanes, el debate sobre el asunto fue postergado, pero la propuesta no fue rechazada, permaneciendo como una amenaza que podrá efectivizarse en cualquier momento.

Una posición ideológica análoga a favor de la diversidad de “opciones sexuales” —slogan adoptado por el permisivismo extremo en materia de costumbres— se observa en sectores de la izquierda en otros países de América Latina, lo que tiende a cristalizarse en diversas iniciativas legales; pasibles, en muchos casos, de transformarse en leyes en un futuro próximo.

El divorcio, lamentablemente, ya se volvió regla sin excepción en el continente americano, gracias a los opositores tibios, mediocres y concesivos que encontró. En Chile, por ejemplo, donde esa aberración fue introducida más recientemente con inédita radicalidad, esto ocurrió por causa de la defección de gran parte de los parlamentarios católicos, con la colaboración de numerosos representantes del clero y la omisión manifiesta y lamentable de buena parte de la Jerarquía eclesiástica.

Espantoso aumento de la promiscuidad sexual

Se volvió también regla general en el Continente la igualdad legal impuesta entre hijos legítimos e ilegítimos, entre la esposa verdadera y la concubina, entre el matrimonio y el concubinato. De tal modo que a la familia auténtica ya no se le reconocen sus derechos, siendo equiparada a uniones que son una caricatura o parodia de ella, usurpando sus legítimas prerrogativas.

Aumenta así cada vez más la proporción de nacimientos ilegítimos. En varios países éstos ya superan a los legítimos, mientras en otros el Estado se niega a considerar la diferencia entre ellos. Va siendo corroído también, en este proceso, el derecho de herencia de la familia verdadera, que es a menudo forzada a dividir los bienes con los hijos adulterinos.

Además, se generalizó una caudalosa difusión de anticonceptivos y preservativos en prácticamente todas las naciones, con el patrocinio habitual del Estado. Bajo el pretexto de combatir el Sida, esa difusión se realiza con la insolente obsesión de querer hacer sentir a la población que la inmoralidad tiene derechos, pero la moralidad no.

En ningún país de América los gobernantes piensan en promover la castidad como único medio eficaz de impedir a expansión del Sida, aunque en muchas naciones la distribución de preservativos y el consecuente aumento de la promiscuidad sexual no hayan hecho sino aumentar el número de los afectados por la enfermedad.

Van siendo también promulgadas, más o menos en todos los países, leyes de protección a los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, cuyo papel verdadero es promover las formas más licenciosas y agresivas de vida sexual, para todas las edades y condiciones, así como impedir toda coerción —incluso la de los padres que desean preservar la rectitud moral de los hijos—, procurando que las más diversas aberraciones y perversiones pasen a ser consideradas como simples “opciones” de vida por el común de la población.

Aborto: la matanza de inocentes se extiende por el mundo

Aunque el aborto haya sido legalizado en casi toda Europa y en América del Norte, aún no lo fue en muchos países latinoamericanos. En éstos, con todo, existen proyectos de ley y reiterados intentos de aprobarlo, y en varios se teme que lo sea en un futuro próximo. En lo que toca a la tolerancia con la práctica del aborto clandestino, ella se extiende por todas partes, prácticamente sin medidas­ policiales ni judiciales para impedirlo. Peor aún, en varias naciones va siendo introducido subrepticiamente, sin que se produzcan mayores protestas.

En el Brasil ya no son sancionados legalmente, y hasta son oficialmente incentivados, el denominado aborto tera­péutico y aquel autorizado para los casos­ de violación de la mujer, ambos absolutamente ilícitos y criminales, porque consisten en la privación de la vida de un inocente. Con ellos se introduce la práctica de este crimen a título supuesta­mente de excepción, pero sin el menor rigor para conferir, al practicarlo, si en efecto hubo estupro o malformación del feto.

Más aún, con el argumento de que se discute si la “píldora del día ­siguiente” es o no abortiva —aunque sea obvio que lo es, pues al administrarla se establecen condiciones que hacen imposible la subsistencia del óvulo ya fecundado— se generaliza su difusión. En diversos países ella es distribuida gratuitamente por el Estado a todas las mujeres interesadas en tomarla, en especial a las jóvenes, lo que en muchos casos viola sentencias judiciales que prohíben tal práctica, acentuando también, gravemente, la degradación moral de la sociedad.

Alianza mundial a favor del aborto

Cartel a favor del aborto en Buenos Aires. La última frase es, además, ofensiva al Papa.

Existen en todos los cuadrantes poderosas­ fuerzas abortistas que, sin contar todavía con muchos adherentes, están conectadas internacionalmente con activistas enquistados en el seno de la ONU y de numerosos gobiernos, en general bajo el pretexto de pseudo derechos­ de la mujer. Tales fuerzas frecuentemente actúan como activistas en colaboración con gobiernos inclinados hacia la izquierda.

Esa acción llega a la audacia de pretender que entre los derechos de la mujer se incluya el de “disponer del propio cuerpo”, alegando que cuando ella está encinta, el hijo que aún no nació es parte de su cuerpo; o sea, negando al hijo no sólo la vida, sino también la propia naturaleza humana individuada.

La ONU realizó diversas convenciones mundiales en las cuales se firmaron acuerdos cada vez más favorables al aborto, calificándolo como un “derecho humano” que debe ser defendido, a fin de forzar a los países signatarios a que lo introduzcan en sus legislaciones; y son constantes las presiones en ese sentido.­

Eso llega al auge con la calificación del aborto como un medio de “anticoncepción de emergencia”, es decir, ­queda legalmente autorizado para los casos en que la gestante no haya usado eficazmente los medios anticonceptivos, ale­gato éste al que siempre podrá recurrir cualquier mujer que desee deshacerse criminalmente del hijo que engendró.

En una palabra, mientras una alianza mundial de abortistas ejerce presión sobre cada nación para que legalice ese crimen, el conjunto de la población, que lo rechaza totalmente, no tiene la menor idea sobre esta conspiración y simplemente se abstiene de intervenir contra ella en la vida pública, y hasta de interesarse por ella. Por lo que su resistencia al proceso de degradación es sólo de inercia, al no oírse voces de alerta en número suficiente para frenar el avance de esta inmoralidad.

La falacia de la no discriminación de las “minorías sexuales”

Los promotores de esta torrente de aberraciones saben naturalmente que, con el tiempo, ella podrá provocar reacciones capaces de frenarla. ¿Cómo enfrentar de antemano ese riesgo? ¿Cómo dificultar al máximo el surgimiento y la actuación de esas reacciones? Respuesta: poner en práctica la táctica de la “no-discriminación”.

Comenzaron pidiendo simple tolerancia con relación a las “minorías sexuales” —prostitutas, homosexuales, lésbicas, travestíes, etc.— aduciendo malos tratos y crímenes de que tales categorías serían víctimas. Después, pasaron a exigir igualdad absoluta entre tales minorías y el grueso de la población en materia de puestos de trabajo o estudio, lo que rápidamente se convirtió en la exigencia de un status privilegiado, prohibiendo las discriminaciones con base en la opción sexual.

Así, en numerosas naciones un padre de familia que se niegue, por ejemplo, a contratar a un homosexual como profesor para sus hijos se arriesga a sufrir denuncias policiales, procesos judiciales e incluso prisión, bajo el alegato de que la negativa fue causada por la opción sexual del postulante. Lo mismo podrá suceder con el director de un colegio que prefiere no admitir a un homosexual como profesor, y muchos otros casos análogos.

Se va con creciente éxito exigiendo que se destine a esas “minorías sexuales” una determinada proporción de puestos de trabajo en organismos públicos, en los establecimientos educativos; y como siempre tales minorías aducen un número mucho mayor de adeptos que el que tienen en realidad, terminan pidiendo y consiguiendo un status claramente privilegiado en comparación con la población normal.

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Este artículo continuará en un próximo número, presentando el punto de vista católico en temas de actualidad familiar como “matrimonio” entre personas del mismo sexo, usurpación de la patria potestad e ideología de género.